Eric Rosas
Este viernes 26 de marzo, pasadas las diecisiete horas, el titular del Poder Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, otra iniciativa. Ésta, con proyecto de decreto mediante el que pretende reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos. Con esta nueva solicitud el primer mandatario mexicano busca echar atrás la apertura de mercado lograda anteriormente en este sector, y que nos ha permitido pasar del monopolio de Petróleos Mexicanos (Pemex) a la libre competencia en el downstream de esta industria, que incluye desde la refinación de los crudos para producir gasolinas, por ejemplo, hasta su venta al consumidor final en las estaciones de servicio.
El downstream se abrió a la libre competencia hace poco, lo que hará más fácil que muchos de nosotros recordemos que antes no existía la posibilidad de adquirir las gasolinas o el diésel en expendios que no fueran de la franquicia de Pemex, simplemente porque empresas como Shell, Mobil, British Petroleum, etc., no podían vender sus productos en nuestro país. Esto fomentaba que las gasolineras de Pemex despacharan litros con menos de mil mililitros, sin consecuencia alguna.
Pues, aunque en principio los inspectores de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) mantenían campañas permanentes de verificación del correcto funcionamiento de las bombas de combustible —quizá muchos presenciamos cuando se medía el volumen despachado con la ayuda de las jarras de 20 litros que establece la Norma Oficial Mexicana (NOM)—, la realidad es que tales visitas de la autoridad abrían espacios para la corrupción, ya sea fomentando los sobornos o las modificaciones oportunas del funcionamiento del software de la máquina, para que corrigiera el error de llenado mientras pasaba la prueba. A pesar de que estas prácticas podrían seguir, el hecho de que ahora cada uno de nosotros pueda decidir qué calidad de gasolina queremos comprar, fuerza naturalmente a las distintas marcas a ofrecer un mejor servicio para ganar o mantener a sus clientes, y esto incluye el entregar el volumen exacto del combustible por el que se paga.
Pero en relación con estas prácticas metrológicas, una de las modificaciones que busca el presidente con su iniciativa, es la de retirar las concesiones a los competidores de Pemex. Como revocar dichos contratos desataría incontables demandas, el titular del ejecutivo federal pretende hacerlo escudado en fallas de medición en sus sistemas de almacenamiento y distribución; es decir, cuando se sorprenda a alguna gasolinería despachando litros incompletos. Si tal iniciativa avanza y se convierte en nueva ley, lo anterior entregará al gobierno una herramienta discrecional para decidir quien sí podrá seguir vendiendo su producto —Pemex, con toda certeza— y quienes no —todos los demás—. Esta estrategia nos regresará en el tiempo hasta la época del monopolio estatal del sector, y todos volveremos a estar obligados a pagarle a Pemex por litros de gasolina o diésel de 800 o hasta de 500 mililitros, sin que la Profeco pueda hacer algo por evitarlo.
Dada la alta la probabilidad de que se fragüe este retroceso, los competidores de Pemex tendrán que apoyarse en otro tipo de leyes para defenderse, las naturales, esas inquebrantables que no pueden modificarse a gusto del gobierno en turno, y que soportan metrológicamente la acreditación y la evaluación de la conformidad. En este escenario se volverá crucial la actuación del Centro Nacional de Metrología.
Lo anterior, dicho sin aberraciones.
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