El diputado de Morena, Max Correa, informó que están a la espera de la publicación de la Ley de Amnistía, aprobada en el Congreso del Estado de México la semana pasada y que podría liberar a 6 mil reos.
Elena Aguilar
En entrevista, indicó que corresponde al gobierno estatal la publicación de la minuta que entraría en vigor sería de suma importancia en la entidad, pues incluye a cientos de inocentes que permanecen en las prisiones sin sentencia o condenados injustamente.
Señaló que después de su publicación, se tienen 60 días naturales para que el Consejo de la Judicatura determine los procedimientos a través de los cuales se podrá implementar esta ley.
Agregó que los jueces del Tribunal Superior de Justicia del Edomex deberán tener capacitación, igual que el personal de la Fiscalía de Justicia mexiquense, sobre todo los ministerios públicos.
Indicó que a los legisladores les corresponde, en el mismo plazo, nombrar una Comisión Especial, encargada de dar seguimiento a la implementación de la ley y que será conformada de acuerdo al Reglamento Interno y la Ley Orgánica de la Legislatura.
Su finalidad, dijo, es que este organismo legislativo sea creado de forma plural y proporcional.
Destacó que si se publica la nueva ley en Gaceta de Gobierno en enero, deberán pasar 60 días naturales para comenzar a ver resultados, aunque seguramente la posibilidad de que algunos reos salgan entre abril y mayo.
“Esperamos que puedan ser al menos 3 mil personas las que logren salir, aunque siendo más optimistas pudiéramos llegar a 6 mil”.
Sobre la posibilidad de incrementar recursos tras la creación de esta nueva ley, Max Correa, refirió que el propio Poder Judicial estará en condiciones económicas para llevar a cabo esta tarea.
No obstante, recordó que dentro de los transitorios de la ley se maneja que de ser necesario, el Congreso mexiquense, tendrá que canalizar los recursos necesarios para su funcionamiento.
“Buscamos que no fuera un gasto oneroso, aunque creemos que es más costoso mantener a las personas privadas de su libertad es costoso para las familias, pero también para la sociedad, pues hemos insistido en que es un circuito de corrupción”.
