Las diputadas Karina Labastida Sotelo, Mariana Uribe Bernal, Mónica Álvarez Nemer, Violeta Nova Gómez, Nancy Nápoles Pacheco y Montserrat Ruiz Páez participaron en una videoconferencia con síndicas y regidoras de varios municipios mexiquenses en la que abordaron el tema de la violencia política contra las mujeres.
Redacción
Durante la reunión de trabajo, la diputada Karina Labastida, presidenta de la Comisión Especial para Combatir y Erradicar la Violencia Vinculada a los Feminicidios en el Estado de México, dio a conocer que en los próximos días presentará, con la legisladora Mariana Uribe, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, ambas de la 60 Legislatura, y a nombre del Grupo Parlamentario de morena, una iniciativa de reforma constitucional y legal para garantizar la paridad de género en todos los niveles de gobierno en la entidad.
La iniciativa tendrá, entre otros propósitos, actualizar la definición de violencia política contra las mujeres y ampliar las conductas que la expresan, establecer la obligación de las personas aspirantes y candidatas de abstenerse de ejercer violencia política contra las mujeres en razón género y fijar un procedimiento especial sancionador para los casos de este tipo de violencia.
En la reunión, organizada por la diputada Karina Labastida a petición de las síndicas y regidoras de morena, se dio a conocer que para seguir fortaleciendo la iniciativa se estarán realizando más reuniones en las que también participen, además de las representantes populares, mujeres con trabajo y experiencia en materia política.
Cabe señalar que el pasado 13 de abril, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el que se reforman siete leyes para prevenir, sancionar, erradicar y tipificar la violencia política en contra de las mujeres.
El decreto firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador señala que la violencia política contra las mujeres en razón de género es toda acción u omisión basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo.
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