La 60 Legislatura del Estado de México aprobó por unanimidad, como parte del Constituyente Permanente, la minuta del Senado de la República que eleva a rango constitucional los programas sociales del gobierno federal orientados al bienestar de la población vulnerable, como adultos mayores, personas con discapacidad, indígenas y estudiantes.
Redacción
La minuta establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, el cual se precisará en la ley respectiva, en la que se definirán las bases y modalidades para el acceso a estos servicios y para la concurrencia de la federación y las entidades en la materia.
En sesión del Quinto Periodo Ordinario el diputado Bernardo Segura Rivera (PT) dio lectura a la minuta —previamente avalada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión—, la cual plantea además que la ley definirá un sistema de salud para el bienestar con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.
Antes de la votación, el legislador Gabriel Gutiérrez Cureño (morena) tomó la palabra para exponer su beneplácito por esta reforma que garantiza la permanencia de tales programas, los cuales son un derecho de las personas. Recordó que en el pasado muchos lucharon por ellos y ahora serán una realidad, y refrendó su respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador.
La minuta reforma el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y adiciona diversos párrafos para señalar que corresponde al Estado garantizar la entrega de un apoyo económico a personas con discapacidad permanente y que tendrán prioridad los menores de 18 años, las personas indígenas y las de ascendencia africana con al menos 64 años de edad y quienes se encuentren en situación de pobreza.
Asimismo, consigna que los mayores de 68 años tendrán derecho a una pensión no contributiva, mientras que indígenas y afromexicanos podrán recibirla a partir de los 65. Adicionalmente, precisa que el estado establecerá un sistema de becas para estudiantes de todos los niveles del sistema de educación pública, especialmente para aquellos de familias en situación de pobreza, “para garantizar con equidad el derecho a la educación”.
Entre los artículos transitorios del citado decreto destaca el que advierte que, en ninguna circunstancia, los recursos que se asignen a tales programas podrán disminuir en términos reales respecto de los que se hayan asignado en el año fiscal anterior.
La minuta deberá ser calificada también por las restantes entidades de la federación, como integrantes del Congreso Constituyente Permanente, único facultado a modificar la Carta Magna de los mexicanos.
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