En materia de derechos políticos, en México las mujeres siguen siendo una mayoría vulnerable, pues pese a los avances legislativos que iniciaron en 1953 cuando se les concedió el derecho al voto con acciones afirmativas como esa y otras, que derivaron en la paridad de género en las candidaturas, corresponde a los jueces, más que a los legisladores, darle sustancialidad, «a golpe de sentencias», a los derechos políticos y humanos como fundamento del Estado constitucional.
Redacción
En el conversatorio laboratorio de ideas dedicado al tema «Democracia paritaria», los investigadores y juristas Manuel González Oropeza y Rafael Estrada Michel presentaron un repaso del libro Hacia una democracia paritaria. La evolución de la participación política de las mujeres en México y sus entidades federativas, publicado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Gonzáleza Oropeza, investigador de la Facultad de Derecho de la UNAM, ex magistrado del TEPJF y uno de los coautores de la obra, se refirió al trabajo del tribunal que, dijo, ha garantizado en su misma integración los derechos políticos de las mujeres y ha hecho acciones afirmativas flexibles en algunos de los casos relativos a la paridad de género que ha resuelto.
El especialista dijo que no corresponde a los legisladores definir dónde inician y terminan los derechos políticos y humanos con normas generales y abstractas, sino a los tribunales, porque la protección de esos derechos es una cuestión que tiene que ser definida por los juzgadores, quienes son los intérpretes de orden legal y responsables de definir la solución de asuntos concretos de enfrentamiento de derechos.
Aseguró que las mujeres en México son una mayoría en condición de vulnerabilidad y la importancia de que tengan representación en los órganos de poder y autoridad radica en que puedan presentar y defender, con voces acreditadas, los puntos de vista pertinentes para el género, a fin de que disfruten a planitud tanto de los derechos políticos y humanos, como de los que se desprenden de estos.
Rafael Estrada Michel, director general del Instituto de la Judicatura Federal, se refirió especialmente a la famosa sentencia de la Sala Superior del TEPJF de 2011 -relativa al caso de las «juanitas»-, en que se pronunció por la legitimación del proceso en cuanto al respeto a la paridad de género y al hecho de que no se debe tener necesidad de un interés directo -un agravio personal y directo- para darle sustancialidad a la paridad de género.
Asimismo, en la sentencia se elimina la excepción de los procesos democráticos a la cuota de género, en respuesta a la simulación de elecciones internas en los partidos de las que surgían candidatos en lugar de candidatas, y se obligó a postular propietarios y suplentes del mismo género, de tal suerte, resumió el jurista, que a golpe de sentencias se han ido garantizando los principios que van marcando y dando fundamento al Estado constitucional.
(Foto: Especial Portal)
