Discurso vs realidad
Desde que el nuevo gobierno tomó posesión hace casi un año, su discurso ha intentado convencer a los mexicanos, de que todas las acciones tomadas por los gobiernos precedentes fueron incorrectas y estuvieron encaminadas a beneficiar a unos cuantos, que quizá no lo merecían. En el ámbito científico la actitud no ha sido distinta.
María Elena Álvarez-Buylla Roces, la actual titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), declaró en febrero de este año, que su antecesor había desviado montos multimillonarios para financiar a un grupo reducido de empresas transnacionales; aunque fue Jesús Ramírez Cuevas quien le puso números al supuesto desfalco, al asegurar que estas “… irregularidades podrían ascender a los siete mil 670 millones de pesos.”, superando incluso el monto de la llamada Estafa Maestra.
Luego de casi doce meses aún no se sabe que exista denuncia legal alguna contra el anterior director general del CONACyT, ni tampoco se conoce de ningún otro responsable de los supuestos malos manejos. Sin embargo, hace un par de semanas el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, volvió a insistir en que las administraciones previas habían usado mal el dinero público destinado al impulso de la ciencia, entregándolo en subsidios a unas pocas empresas.
Contradictoriamente, días después se supo que este nuevo gobierno continuará con las mismas prácticas criticadas tan ácidamente por ellos mismos, al aprobar la entrega de estímulos fiscales por más de 406 millones de pesos a una treintena de empresas, entre ellas al menos un par de transnacionales.
Ahora que se pretende poner a discusión una reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología de México, el cambio real, el que realmente podría ayudar a incentivar el aprecio de los mexicanos por la ciencia; la necesidad de la iniciativa privada por invertir en desarrollo de tecnología propia; y la urgencia de nuestra nación por transformarnos en una economía innovadora; debe concentrarse en reestructurar la administración de estos tres sectores, que persiguen objetivos distintos.
En otros países la ciencia recibe asignaciones públicas, pues su fin es acrecentar el conocimiento de la humanidad. Un noble fin como este también atrae el financiamiento de fundaciones filantrópicas y asociaciones altruistas – tanto de la iniciativa privada, como de la sociedad civil organizada –, que encuentran a la práctica científica totalmente transparente y libre de intereses privados. Por otra parte, los aspectos que tienen que ver con el desarrollo de tecnología y que representan el camino natural hacia la innovación – la introducción exitosa de nuevos productos o servicios en el mercado –, son de interés utilitario para las empresas, y debe ser este sector quien las atienda con sus recursos propios y una serie de políticas públicas fiscales, económicas, comerciales, etc., que lo fomente.
Lo anterior sin que el Estado Mexicano abandone la responsabilidad que tiene de resolver las problemáticas que nos aquejan, y que pueden atenderse con el desarrollo de tecnología de interés común mediante la red de institutos nacionales de salud, seguridad, alimentación, energía, transporte, etc., que bien podrían cambiar su cabeza de sector para disociarse del potencial conflicto de interés. En lugar de un paquidérmico CONACyT, tendríamos así, tres o cuatro ágiles, actuales y lógicas instituciones que podrían ofrecer un futuro más brillante para México.
Lo anterior, dicho sin aberraciones.
Eric Rosase.rosas@prodigy.net.mx
Twitter: @DrEricRosas
