Para enfrentar la violencia obstétrica que se expresa en actos como regaños y gritos hacia las mujeres en situación de parto, así como atención tardía y presiones para admitir dispositivos de control natal, entre otros, la 60 Legislatura aprobó que la Secretaría de Salud desarrolle programas que fomenten la atención integral de la mujer durante el embarazo, el parto, el puerperio o en emergencia obstétrica.
Redacción
Mediante la modificación del artículo 2.21 del Código Administrativo del Estado de México, se establece además que esa dependencia, en calidad de coordinadora del Sistema Estatal de Salud, implemente políticas públicas transversales y elabore programas de promoción, orientación y prevención encaminados a erradicar la violencia obstétrica.
En sesión plenaria del Cuarto Periodo Ordinario, bajo la presidencia del diputado Nazario Gutiérrez Martínez, la legisladora Berenice Medrano Rosas (morena), presidenta de la Comisión de Salud, Asistencia y Bienestar Social, dio lectura al dictamen según el cual, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2016 el Estado de México ocupó el primer lugar nacional en la práctica de violencia obstétrica en los servicios de salud pública y privada, seguido de la Ciudad de México.
Abunda el documento en que la investigación reveló también que, de 2011 a 2016, en el más reciente parto 70.7% de las mujeres de 15 a 49 años sufrieron regaños y gritos, fueron atendidas deliberadamente tarde, ignoradas cuando preguntaban sobre su bebé, presionadas para que aceptaran un dispositivo u operadas para ya no tener hijos, además de ser obligadas a permanecer en una posición incómoda o molesta.
Expone además que, si bien esta conducta es considerada como un delito en la legislación local, esta no ha sido una medida efectiva contra tal violencia, ya que se centra en la responsabilidad individual invisibilizando la institucional. “Lo que se requiere es la reivindicación de los derechos de la mujer mediante estrategias encaminadas a la erradicación de ideas y estereotipos que la posicionan en un segundo plano en el contexto del embarazo, parto y puerperio, restándoles protagonismo y autonomía”, señaló la diputada, autora de la iniciativa.
Las y los legisladores, acota el dictamen, “estamos convencidos de que la propuesta legislativa contribuirá a mejorar la atención a las usuarias de los servicios de salud y a salvaguardar el derecho a la salud de la mujer, en particular, para evitar la violencia obstétrica, en favor de una atención digna y respetuosa en el embarazo y en el parto”.
Mandatan legisladores realizar análisis para identificar causas del delito
Con la finalidad de que los gobiernos locales y el estatal puedan contar con mejores políticas públicas y estrategias contra la delincuencia en sus múltiples facetas, la 60 Legislatura avaló que realicen análisis de los factores de riesgo que la propician en lo regional y lo general, y que desarrollen políticas públicas eficaces, progresistas y proactivas.
Estos estudios, desde el enfoque de la prevención social del delito con carácter integral, deberán identificar las causas que generan la comisión de delitos y las conductas antisociales —las cuales deberán ser medibles a corto, mediano y largo plazo para verificar su efectividad— y apoyar en el diseño de programas y actividades para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas.
Acorde con el dictamen leído en tribuna por el congresista Emiliano Aguirre Cruz (morena), proponente de la iniciativa, ante la permanente inseguridad que padecen los mexiquenses, particularmente por delitos como secuestro, extorsión, homicidios y robo al transporte, es necesario implementar políticas públicas que vayan al fondo del problema y sean proactivas, no reactivas.
Explica además que existen en las ciudades marcadas discrepancias y desigualdades entre diferentes sectores geográficos, y las escuelas, con rezagos tanto de infraestructura como de calidad educativa, pueden dar lugar a bajos niveles de rendimiento, abandono escolar, conductas intimidatorias y expulsión de la enseñanza, hechos que, según se ha constatado, son factores de riesgo que favorecen la delincuencia y la victimización de niños y jóvenes.
Adicionalmente, prosigue, a nivel local, las deficiencias de infraestructura, las precarias condiciones de vivienda y vecindad, la falta de buenos servicios de educación y salud, el alto desempleo y el fácil acceso a las drogas o las armas pequeñas son elementos capaces de aumentar los riesgos de incremento del delito.
Por lo anterior, concluye, se deben desarrollar medidas de prevención y de control, las cuales requieren la participación activa, sinérgica y coordinada de todos los actores involucrados en materia de seguridad pública, para disminuir los factores de riesgo que derivan en el actuar criminal.
(Foto: Especial Portal)
