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Agencia MVT

El Procurador General de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, anunció la liberación, con vida, de un menor de diez años de edad que fue secuestrado el pasado 16 de noviembre al salir de su domicilio, en Tenancingo, y sus captores lo trasladaron con lujo de violencia a Chalco, donde realizaron un operativo coordinado con la Secretaría de Seguridad Ciudadana para recuperarlo.

Comentó que la liberación se logró gracias a las labores de inteligencia que se desprendieron después de que el padre del menor comenzó a recibir una serie de llamadas telefónicas en las que se planteó el intercambio de una fuerte suma de dinero a cambio de respetar la vida del menor.

De ahí se logró ubicar el número telefónico desde el cual se realizaron esas llamadas y se localizó en un domicilio de Chalco, donde policías ministeriales y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana intervinieron en un operativo sorpresa que dio como resultado la captura de los presuntos secuestradores y la liberación del menor.

En el domicilio se encontró amarrado de pies y manos, amordazado, al menor secuestrado y se capturó a ocho personas, todas presuntamente involucradas en el secuestro, entre ellos a Alberto Hernández Arteaga; Filiberto Perete Martínez; Jonathan Segura Martínez, y Alejandro Juárez Martínez, a quienes se decomisó una camioneta, un auto compacto, cuatro escopetas y una pistola tipo escuadra.

Los sujetos ya se encuentran vinculados a proceso penal por secuestro en el Centro de Readaptación Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez.

Agencia MVT

Derivado de diversas acciones de investigación, elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) cumplimentaron órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio calificado, violación y robo a casa habitación.

En un primer operativo realizado en el municipio de Tlalnepantla, Agentes de la Policía Ministerial detuvieron a Rogelio Martínez Pérez y Pedro Martínez Pérez, quienes están relacionados con la causa penal 305/2012, por el delito de homicidio calificado. Ambos sujetos quedaron a disposición de la Autoridad Judicial, quien determinará su situación legal.

En tanto, elementos de la PGJEM aprehendieron en el municipio de Ecatepec a Héctor Jesús Castillo Romero, quien enfrenta cargos por el delito de violación en agravio de una mujer. El probable responsable fue ingresado al Centro Preventivo y de Readaptación Social de este Distrito Judicial, quien habrá de determinar su situación jurídica.

También por el delito de violación fue detenido José Eduardo Rodríguez López, quien tenía una orden de aprehensión por una agresión sexual en contra de una menor de edad, que es su sobrina.

De acuerdo con las diligencias hechas por personal de esta Institución, se pudo establecer que el ilícito fue cometido en el interior de un domicilio de la colonia Independencia, municipio de Valle de Chalco, cuando el probable responsable aprovechó que la menor se encontraba sola.

Rodríguez López quedó a disposición de un Juez en el Penal de Chalco, autoridad que determinará su situación legal.

Servidores Públicos de esta Institución aprehendieron además a Juan Carlos Flores García, quien está acusado de un robo a casa habitación, ocurrido en el mes de enero de este año, en el municipio de Texcoco.

El día de los hechos, el probable responsable presuntamente se encontraba ingiriendo bebidas embriagantes e ingresó al inmueble de uno de sus vecinos para sustraer objetos de valor, por lo que fue denunciado y el Ministerio Público solicitó a un Juez una orden de aprehensión, la cual fue otorgada y cumplida por Policías Ministeriales.

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El secretario del Ayuntamiento de Toluca, Braulio Antonio Álvarez Jasso, informó que se presentará una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de Justicia del estado de México, para que se investigue y sancione a quien o quienes resulten responsables del ataque cibernético que sufrió este lunes el portal de internet de la administración municipal.

Álvarez Jasso confirmó que se trató de un ataque de los llamados “hackers”, que provocó un funcionamiento anormal en la página de internet del ayuntamiento de Toluca, donde por algún momento se pudo observar incluso un video sobre la decapitación a un presunto estadounidense a manos de miembros de un grupo radical islamita.

“Vamos a presentar una denuncia de hechos, para que la autoridad competente tome cartas en el asunto, se realice la investigación correspondiente y se proceda legalmente en contra del o los responsables”, dijo Álvarez Jasso.

También dio a conocer que el área de Sistemas del ayuntamiento de Toluca ya realiza los ajustes necesarios para restablecer cuanto antes la operación del portal de internet de la administración municipal, lo cual podría ocurrir a más tardar este martes, cuando también se reinicien las actividades normales, después del llamado Fin de Semana Largo, derivado de la suspensión adelantado por el aniversario de la Revolución Mexicana.

En tanto, hasta las 18:30 horas de este lunes el portal de internet del ayuntamiento de Toluca permanece sin operación, a efecto de verificar los daños causados por el ataque cibernético y restablecerlo a la brevedad posible.

Agencia MVT

El Representante Social de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) acreditó la probable responsabilidad de Vicente Lázaro Bautista en el delito de feminicidio, por lo que fue vinculado a proceso.

Este individuo enfrenta cargos por la muerte de Berenice del Carmen de los Santos Cortes, quien fue encontrada sin vida en la calle San Felipe, de la colonia Nueva San Antonio, municipio de Chalco.

De las investigaciones realizadas por esta Institución, se pudo establecer que el pasado 2 de noviembre, el probable responsable y la víctima se encontraban en calles de la mencionada colonia, cuando presuntamente iniciaron una discusión que derivó en el feminicidio.

Elementos de la PGJEM realizaron las diligencias correspondientes y aseguraron al probable responsable, quien fue ingresado al Penal de Chalco, en donde la Autoridad Judicial decretó como legal la detención y posteriormente lo vinculó a proceso, fijando un plazo de cuatro meses para el cierre de investigación.

Agencia MVT

Tres hombres aprehendidos por elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) fueron vinculados a proceso, por estar relacionados presuntamente con un secuestro en el municipio de Cuautitlán Izcalli.

Se trata de Jaime Benítez Sánchez, Javier Araujo Mejía y Luis Enrique Heras Hernández, quienes están señalados como los probables responsables de un secuestro ocurrido el pasado 7 de octubre, cuando presuntamente con base en engaños hicieron que la víctima se trasladara a un inmueble localizado en el Distrito Federal, y ahí lo privaron de la libertad.

De acuerdo con las investigaciones hechas por elementos de la Procuraduría de Justicia mexiquense, se desprende que la víctima recibió varias llamadas telefónicas en las que le exigían dinero en efectivo a cambio de liberar a una de sus hijas, ya que presuntamente la tenían secuestrada.

Ante las amenazas de los presuntos secuestradores, el hombre pactó con ellos entregar una suma económica en un inmueble del Distrito Federal, y se trasladó al mencionado lugar, donde los probables responsables lo esperaban y lo privaron de la libertad, además de que lo despojaron de una camioneta.

Según las indagatorias, ese mismo día, pero horas más tarde la víctima fue liberada y denunció los hechos ante esta Institución, por ello el Agente del Ministerio Público inició la carpeta de investigación respectiva y realizó las investigaciones por este ilícito.

Cabe mencionar que los probables responsables fueron detenidos en el municipio de Cuautitlán, cuando viajaban a bordo de la camioneta robada, por lo que fueron trasladados al Centro de Justicia de la zona, en donde fueron reconocidos por su víctima, como los mismos que en el mes de octubre lo privaron de la libertad.

Luego de que el Representante Social de esta Institución acreditó la probable responsabilidad de estos sujetos en el delito de secuestro, la Autoridad Judicial con sede en Cuautitlán México decretó la vinculación a proceso y fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de investigación.

Redacción

La LVIII Legislatura estatal aprobó reformas legales por las cuales se agravan las sanciones de prisión para los delitos de incumplimiento de obligaciones, violencia familiar y lesiones, cuando se afecte la esfera de derechos de los menores de edad; por abuso sexual infantil, con penas más graves por este delito y el de estupro, además de aprobar cursos de escuela para padres y de prevención de la violencia familiar como requisitos para contraer matrimonio.

En sesión del Séptimo Periodo Ordinario, la Legislatura también aprobó reformas para que el personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México que atiende delitos de violencia de género, reciba la debida capacitación, especialización y certificación.

Eliminan beneficios preliberacionales por lesiones a menores

Los diputados locales aprobaron eliminar la aplicación de sustitutivos penales y beneficios preliberacionales para quien sea sentenciado por el delito de lesiones cometido por un integrante del núcleo familiar contra un menor, conforme a la reforma a diversas disposiciones de los códigos Penal y de Procedimientos Penales de la entidad, a propuesta del gobernador Eruviel Ávila Villegas, con el objetivo de disuadir la conducta criminal y disminuir la percepción de impunidad.

Asimismo, el padre, la madre, tutor o quien tenga legalmente la custodia de un menor de edad, por incurrir en negligencia u omisión en más de una ocasión en las obligaciones que le impone la ley, o ponga en riesgo la salud mental o física del menor, se le impondrán de tres a ocho años de prisión y una multa de 50 a 350 salarios mínimos; en tanto, el integrante de un núcleo familiar que haga uso de la violencia física o moral en contra de otro integrante de ese núcleo, se le impondrán de tres a siete años de prisión y de 200 a 600 días multa, además de tratamiento psicoterapéutico, psicológico, psiquiátrico o reeducativo, sin perjuicio de las penas que correspondan por otro delitos.

De acuerdo con el dictamen presentado en tribuna por el legislador José Alfredo Torres Huitrón (PRI), el régimen de prelibertad, remisión parcial o libertad condicional de la pena no se concederá en los casos de lesiones que se infieran a menores, incapaces o pupilos por quien ejerza la patria potestad, tutela, o custodia, o por integrante de su núcleo familiar.

Cuando la víctima u ofendido sea ascendente, descendiente, hermano, pupilo, tutor, cónyuge, concubina o concubinario, o mantenga relación sentimental o afectiva con el inculpado, se aumentarán de seis meses a dos años de prisión, y en caso de que las lesiones las infieran quienes ejerzan la patria potestad, tutela o custodia, o por un integrante del núcleo familiar, se aplicarán de 10 a 15 años de prisión y de 200 a 400 días multa.

Cuando no se denuncie por parte de quienes ejercen la patria potestad, tutela o custodia, se considerará que consintió la conducta, lo cual será sancionado con la misma pena, además de la suspensión o privación de esos derechos.

Mayores sanciones penales por abuso sexual en contra de menores de edad

La Asamblea plenaria también aprobó sanciones de ocho a 15 años de prisión a quien cometa el delito de abuso sexual en contra de un menor de edad o de una persona que no tenga la capacidad para comprender las cosas o resistirse a este hecho, cometa un acto erótico o sexual sin la intención de llegar a la cópula, o quien lo realice en su presencia o haga ejecutarlo para sí o para otra persona.

Correspondió al legislador Luis Alfonso Arana Castro (PRI) dar lectura al dictamen correspondiente a la iniciativa de la diputada Adriana Lourdes Hinojosa Céspedes (PAN), por el que se reformaron diversos artículos del Código Penal de la entidad, con base en que “si bien la conducta delictiva que implica el abuso sexual infantil, así como el estupro, ya se encuentran previstas con el nombre de Actos Libidinosos” es necesario modificar el tipo penal para fortalecerlo y, con ello, erradicar estas prácticas que laceran a la sociedad.

Cuando el delito sea cometido por quienes tengan o hayan tenido relación con la víctima por motivos laborales, docentes, médicos, domésticos, religiosos o cualquier otro que implique confianza o subordinación, se aumentará la pena que corresponda hasta en un tercio. En cuanto al estupro, establece que no se procederá contra el inculpado, si no es por querella de la parte ofendida, de sus padres o, a falta de éstos, de sus representantes legítimos.

Deberá PGJEM contar con personal certificado en violencia de género

Las reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de la entidad, avaladas por los legisladores locales, tiene el propósito de que el personal que atiende los delitos vinculados a la violencia de género, sea debidamente capacitado, especializado y certificado en la atención a este tipo de ilícitos y en sensibilización de género, conforme a la propuesta de la diputada Ana Yurixi Leyva Piñón (PRD), quien dio lectura al dictamen.

De la misma legisladora, el Pleno también aprobó reformas al Código Civil de la entidad, para establecer como requisitos para contraer matrimonio tomar cursos de escuela para padres y de prevención de la violencia familiar.

Así mismo, el exhorto al Ejecutivo estatal para que, en ejercicio de las atribuciones que le confieren el artículo tercero de la Carta Magna, proponga la adopción en el plan de estudios de preescolar, primaria y secundaria, de la materia de prevención integral, para ser considerada en los temas de enfermedades, salud reproductiva, accidentes, adicciones, violencia y conductas delictivas, a fin de garantizar el pleno desarrollo de los infantes y adolescentes, así como el respeto de sus derechos.

Eruviel Ávila Villegas, gobernador del Estado de México, reconoció el trabajo de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) y de la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) en la detección de 22 presuntos secuestradores, integrantes dos bandas que operaban en municipios de la zona oriente de la entidad.

Agencia MVT

Eruviel Ávila Villegas, gobernador del Estado de México, reconoció el trabajo de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) y de la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) en la detección de 22 presuntos secuestradores, integrantes dos bandas que operaban en municipios de la zona oriente de la entidad.

Indicó que como parte de este reconocimiento, en los próximos días se entregarán estímulos económicos adicionales a todos los elementos que participaron en estos operativos, como parte del programa de Apoyo de Incentivos, y afirmó que esto es merecido premiar a los policías que hacen bien su trabajo.

“Hoy quiero felicitar y reconocer a mis compañeros de la Procuraduría de Justicia del Estado y de la Secretaria de Seguridad Ciudadana en la detención de 22 presuntos secuestradores que estaban afectando a nuestros municipios de Ozumba y Nezahualcóyotl, y le vamos a dar un mensaje muy claro a la delincuencia: que no vamos a bajar la guardia y que contamos con el apoyo de nuestro Ejército Mexicano y de las fuerzas federales”, dijo.

Ávila Villegas señaló que así como se premia a los policías que hacen bien su trabajo, seguirán luchando para detener a todos los elementos que están involucrados en algún delito o no realizan su misión a favor de la ciudadanía.

Hizo un llamado a respetar los derechos humanos de los elementos, quienes dan su vida por proteger a los mexiquenses, y señaló que como el gobernador está comprometido a hacer respetar los derechos humanos de todos los ciudadanos.

“A veces somos un tanto injustos con los elementos policiacos, hay que proteger los derechos humanos de todos, y hoy reitero mi compromiso de hacer respetar y cumplir los derechos humanos de toda la gente, pero también me pronuncio a favor de respetar los derechos de quienes velan por nosotros, por la fuerzas federales”, concluyó.

(Foto: Facebook Eruviel Ávila)

Agencia MVT

Ramón Tapia Romero, aprehendido por agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) en el mes de agosto de 2013, fue sentenciado a ocho años y cinco meses de prisión, tras ser encontrado culpable del delito de trata de personas.

La Autoridad Judicial con sede en Almoloya de Juárez decretó dicha sentencia condenatoria, luego de que el Representante Social de esta Institución acreditó que Tapia Romero obligaba a su pareja sentimental a prostituirse.

La captura de este sujeto se llevó a cabo luego de que familiares de la mujer denunciaran los hechos ante la Procuraduría estatal, y aseguraron que la víctima era obligaba por Tapia Romero a tener relaciones sexuales con otros hombres que contactaba en bares de la capital mexiquense, a cambio de dinero, que posteriormente le quitaba.

Las indagatorias precisaron que la víctima conoció al sentenciado en el año 2009, cuando tenía 16 años de edad, posteriormente vivieron juntos por un tiempo, hasta que él la obligó a mantener relaciones sexuales con clientes de diversos bares del municipio de Toluca.

De las investigaciones realizadas por la Representación Social se pudo establecer la responsabilidad del imputado, por lo que fue asegurado en la colonia El Seminario y posteriormente presentado ante un Juez, autoridad que lo vinculó a proceso por el delito de trata de personas en la hipótesis de ejercer la explotación mediante la prostitución.

Además de la pena privativa de libertad, Tapia Romero deberá pagar una multa de 40 mil 572 pesos y 20 mil 780 pesos como reparación del daño.

 

 

(Foto: Cuartoscuro)

Derivado de diversas acciones de investigación, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Procuraduría General de Justicia del estado de México (PGJEM), llevaron a cabo la detención de 22 personas que presuntamente integraban dos bandas delictivas...

Redacción

Derivado de diversas acciones de investigación, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Procuraduría General de Justicia del estado de México (PGJEM), llevaron a cabo la detención de 22 personas que presuntamente integraban dos bandas delictivas, quienes están señaladas como probables responsables del secuestro de dos personas en los municipios de Nezahualcóyotl y Ozumba.

En conferencia de prensa conjunta, el titular de la SSC, Damián Canales Mena, y de la PGJEM, Alejandro Gómez Sánchez, informaron que mediante un operativo realizado en el municipio de Ozumba, elementos de la Procuraduría mexiquense aseguraron a 11 personas y liberaron a una víctima que había sido secuestrada el 28 de octubre, al salir de un bar en Ozumba.

Derivado de las investigaciones realizadas por la PGJEM, se pudo establecer que la persona que conducía el taxi, así como otro sujeto que le ofreció este servicio a la víctima al salir del bar, estaban involucrados en el secuestro. Con estos datos, elementos de la Policía Ministerial implementaron un operativo que dio como resultado el aseguramiento de los probables responsables y el rescate con vida de la persona secuestrada.

Los asegurados se identificaron como Manuel Avilés Espinoza, de 19 años; Luis Felipe Valencia Rojas, de 22 años; Antonio Aguirre Estrada, de 39 años; Mauricio de la Rosa Rodríguez, de 23 años; Emir Pérez Jiménez, de 35 años; Juan Valencia Flores, de 44 años; Pedro Rojas Vargas, de 28 años; Antioco Ramos Yáñez, de 50 años; Nataly Ramos Yáñez, de 24 años; Noelia Ramos Yáñez, de 29 años, y Bianca Berenice Ramos Yáñez, de 28 años.

Con el avance en la investigación se pudo establecer que De la Rosa Rodríguez, tiene una relación de parentesco con la víctima, y fue él quien le ofreció el servicio de taxi cuando salió del bar el día en que fue privado de la libertad.

También las indagatorias permitieron determinar que el conductor del taxi era parte de esta banda delictiva y fue quien una vez detenido, aportó información para la detención de los demás miembros del grupo delincuencial y del lugar donde se encontraba la víctima.

“Estas 11 personas fueron ingresadas al Centro Preventivo y de Readaptación Social de Chalco, donde el Ministerio Público acreditó ante un Juez la probable responsabilidad en el delito de secuestro, por lo que fueron vinculados a proceso, con un periodo para el cierre de investigación de 4 meses”, explicó Gómez Sánchez.

Por su parte, Canales Mena comentó que en otro operativo implementado en la carretera Cuautla-México, elementos de la SSC logaron la detención de Cesar Daniel Ruiz Huerta, Víctor Ramírez Guzmán y Ana Lilia Solano Palomino, quienes viajaban a bordo de un vehículo compacto.

Estas tres personas refirieron pertenecer a una banda de secuestradores que operaba en los municipios de Valle de Chalco y Chimalhuacán, y afirmaron que varios de sus cómplices tenían cautivo a un comerciante de 57 años, al que habían privado de su libertad el 4 de noviembre en Nezahualcóyotl.

Derivado de esta información y mediante una movilización policíaca en la que participaron elementos de la SSC y de la PGJEM, se realizó un operativo en un inmueble localizado en la colonia Santo Domingo, del municipio de Chimalhuacán, donde se logró el rescate del secuestrado, quien se encontraba amordazado, atado de pies y manos, y donde también fueron detenidas 8 personas más, quienes se identificaron como Oscar Arturo López Pasten; Stephanie Sánchez Jerez; Brenda García Monreal; Félix Hernández Mora; Geovanny González Galván; Eduardo Vázquez Mendoza; David González Guerrero y Anayeli Miranda Hernández.

Las investigaciones han arrojado que estos sujetos están relacionados con al menos dos secuestros más, ocurridos en la región de valle de Chalco, además de que presuntamente participaron en otros eventos delictivos.

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La Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana dieron a conocer que frustraros dos secuestros, liberaron a dos mexiquenses que estaban siendo privados de su libertad de forma ilegal, y capturaron a 22 personas presuntamente involucrados en esos hechos.

En conferencia conjunta, el Procurador General de Justicia de la entidad, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, explicó que en un primer caso, un varón de 34 años fue secuestrado cuando salió de un bar en Ecatzingo y abordó un taxi, metros adelante la unidad fue interceptada por una camioneta de color verde, de la cual bajaron varios sujetos armados y lo plagiaron.

Policías ministeriales investigaron el caso y localizaron un inmueble en Ecatzingo donde mantenían retenida a la víctima, a la cual liberaron sin un solo disparo y capturaron a 11 sujetos que en el lugar participaban del plagio, incluyendo al chofer del taxi que hacía las veces de “halcón” para avisar al grupo sobre la presencia de la policía, así como a un familiar del secuestrado, que resultó ser quien lo hizo subir a la unidad de transporte público.

En el operativo se aseguró el taxi y la camioneta donde el grupo ejecutaba los secuestros, así como cuatro rifles calibre 22 milímetros que eran usados por los sujetos para amenazar a las víctimas, así como ocho equipos de telefonía celular cuyos números coinciden con los que se usaron para negociar un rescate para devolver a su familia al hombre de 34 años.

El Procurador mexiquense informó que los once detenidos ya están en el Centro de Prevención y Readaptación de Chalco, donde ya fueron vinculados a proceso por el delito de secuestro, mientras que se investiga su probable participación en otros plagios ocurridos en los municipios de la zona de los volcanes.

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Damián Canales Mena, dio a conocer que el 7 de noviembre, frente al centro comercial Plaza Sendero, de Ixtapaluca, policías estatal observaron a tres personas que viajaban en forma sospechosa a bordo de un vehículo tipo Seat, color negro, y cuando les marcaron el alto para una revisión de rutina, los sujetos se dieron a la fuga, por lo que inició una persecución que concluyó con su detención.

Ahí se capturó a quienes fueron identificados como César Daniel Ruiz Huerta, Víctor Ramírez y Ana Lilia Solano Palomino. A Ruiz Huerta se le encontró un teléfono celular con mensajes de texto intimidatorios, con los que se negociaba el rescate por una persona secuestrada, además había un video donde se observaba a la víctima atada de pies y manos, amordazado y con los ojos vendados.

Ante estos hechos se les interrogó por separado y la mujer, Ana Lilia Solano Palomino, explotó en llanto y comenzó a gritar que ella no quería secuestrar a nadie, pero que la habían obligado. Ella misma informó que la víctima la tenían en una casa ubicada en el municipio de Chimalhuacán, donde otros ocho sujetos la cuidaban y alimentaban.

Se implementó un operativo conjunto de policías estatales y ministeriales, quienes ingresaron al domicilio que les habían señalado y efectivamente encontraron a un hombre de 57 años de edad, atado de pies y manos, quien luego se supo que había sido secuestrado en Nezahualcóyotl, y por quien sus captores pedían 2 millones de pesos, aunque la negociación ya en esos momentos iba en los 700 mil pesos, a cambio de liberarlo con vida.

En esas acciones fueron detenidas once personas, presumiblemente encabezados por un sujeto al que le conocen como “El Kalimba”, líder de la banda, además de armas.

El secretario Canales Mena indicó que a estas personas se les presentó ante el agente del Ministerio Público, quien inició la carpeta de investigación correspondiente por el delito de secuestro, por lo que fueron remitidos al Centro de Readaptación Social de Chalco y ya han sido vinculados a proceso penal.

También informó que la Subprocuraduría Especializada en Investigación sobre Delincuencia Organizada (SEIDO), de la Procuraduría General de la República (PGR), aplicó su facultad de atracción de este caso, debido a que el grupo delictivo presuntamente está involucrado en otros secuestros y por lo menos dos homicidios ocurridos en la misma zona oriente del Estado de México.