Agencia MVT
Familiares de Roberto Sánchez Sánchez, quien desde hace diez años se encuentra privado de su libertad en el penal estatal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, se manifestaron este jueves ante la Cámara de Diputados del Estado de México, para exigir la intervención del Poder Legislativo estatal para la liberación de este hombre acusado de secuestro y homicidio y a quien en una década no han podido demostrar su responsabilidad en esos hechos y, por lo tanto, sigue preso sin ser sentenciado.
Armando Ocampo Hernández y Concepción Sánchez Sánchez, padre y hermano del presunto responsable de secuestro y homicidio, recordaron que el 10 de abril del año 2003 agentes de la policía judicial detuvieron a Roberto Sánchez Sánchez, a quien señalaron como autor intelectual y material del secuestro y posterior homicidio de un menor.
De acuerdo con la versión del señor Armando Ocampo Sánchez, el ahora acusado se dedicaba a la compra y venta de bienes raíces y en ese momento negociaba una operación que implicaba una casa y un edificio en la ciudad de Toluca, con el padre del niño que fue secuestrado y después apareció asesinado.
Relató que llevaban aproximadamente tres días negociando el precio de venta de los inmuebles cuando se registró la desaparición del menor, y luego los autores del plagio comenzaron a negociar con el padre del niño, y llegaron a pactar un rescate por una cifra muy parecida a la que implicaba la compra de la casa y el edificio, por lo que el padre del niño plagiado acusó a Roberto Sánchez Sánchez de ser quien ordenó el ilícito, a sabiendas que él tenía una cantidad de ese tamaño para comprar las propiedades.
La desaparición del menor se registró el 8 de abril y a Roberto Sánchez Sánchez lo detuvieron el 10 de abril del 2003; días después capturaron a tres sujetos, entre ellos un primo hermano del padre del menor, de nombre Armando Ocampo Hernández, quien confesó haber sido el autor intelectual del plagio y, junto con dos cómplices, haberlo concretado para tratar de obtener una cantidad importante de dinero que él sabía que esa familia tenía.
El menor secuestrado apareció días después sin vida, en un predio de Almoloya de Juárez donde lo abandonaron, y los tres detenidos, entre ellos el tío del menor, confesaron que lo habían matado “porque los reconoció” y temían que los delatara si lo liberaban.
A pesar de contar con la confesión expresa de los autores intelectual y materiales del secuestro y homicidio, y de que éstos declararon en una de las audiencias ni siquiera conocer a Roberto Sánchez Sánchez, los policías ministeriales los presionaron y el Ministerio Público les exigió que lo involucraran y señalaran como “el jefe de la banda”, lo cual se negaron a hacer.
De esa manera, Roberto Sánchez Sánchez cumplirá pronto una década de estar encerrado sin que exista una sola prueba en su contra, sin que ningún juez haya sido capaz de sentenciarlo, a pesar de que su causa, la 64/2003, ya pasó del juzgado cuarto al séptimo penal porque en el primero de éstos prescribió sin que la autoridad judicial pudiera concretar la acusación y sentenciar a quien insisten en señalar como culpable de un delito que, aseguran sus familiares, él nunca cometió.
Los familiares de Roberto Sánchez Sánchez presumen que el padre del niño que fue secuestrado y después asesinado por sus propio tío y cómplices sigue dando dinero a secretarios y jueces de los juzgados para que dilaten todo lo posible el juicio, ya que cada vez que hay una audiencia ponen diferentes pretextos para suspenderla y la reprograman meses después, tiempo en el que este hombre continúa injustamente preso, sin recibir sentencia, lo que contraviene todo principio de legalidad, pues en más de diez años no han podido cerrar ese juicio.
Finalmente, Concepción Sánchez Sánchez, hermana del presunto culpable que sigue privado de su libertad sin pruebas en su contra, denunció que también funcionarios de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México actúan con parcialidad de forma negligente, pues en diferentes ocasiones acudieron a esa instancia y la persona responsable de recibir la queja se niega a hacerlo sin que medie una explicación.
“Hemos ido varias veces a la Comisión de Derechos Humanos a tratar de levantar una denuncia formal, pero la misma persona nos ha atendido y se niega a abrir un expediente formal. No nos dice por qué, simplemente asegura que la Comisión no puede hacer nada, a pesar de que evidentemente hay autoridades que están violando los derechos de mi hermano, sobre todo el derecho a la libertad, pues sigue preso en una cárcel por un delito que no cometió y que en diez años no le han podido comprobar y mucho menos dictar sentencia”, concluyó.
