Redacción
La mezcla de leyes del Derecho Privado con las que regulan el uso de la tierra, el agua y el bosque, tiende a transformar las relaciones sociales y bases culturales de las comunidades rurales y al mismo tiempo, las colocan en situación de desventaja, aseguraron investigadoras de la Universidad Autónoma del Estado de México.
Ante alumnos, académicos e investigadores de la Facultad de Geografía, las especialistas María Estela Orozco Hernández, Rosa María Sánchez Nájera y Patricia Mireles Lezama presentaron su trabajo titulado “Límites del desarrollo regional y local: Controversias de la normatividad agraria y ambiental en México”. Explicaron que “los lineamientos que determinan restricciones y sanciones se desconocen, pero también las disposiciones generales sobre el desarrollo y el fomento agropecuario no conforman un cuerpo de estrategias sólidas de apoyo productivo al medio rural”. Agregaron que los conflictos derivados de las contradicciones entre la normatividad agraria que regula las formas de tenencia de la tierra y establece la libertad de las comunidades agrarias y los ejidos para utilizar sus recursos naturales, así como la normatividad ambiental que promueve la conservación y el uso restringido de los recursos naturales, mediante rígidos esquemas reguladores, y la normatividad que autoriza el pago por el uso de los bienes y servicios de la nación inhiben las relaciones sinérgicas entre el uso y aprovechamiento de los recursos naturales y su conservación.
Aseveraron que las disposiciones del Artículo 27 Constitucional han permitido reforzar los controles del Estado, a través de una serie de leyes que reglamentan particularmente el uso de los recursos naturales de los propietarios originales e imponen formas de desarrollo que no consideran las características particulares de las formas de organización de las comunidades rurales.
(Foto: Cuartoscuro)
