Redacción
En 2010, del total de los municipios a nivel nacional -dos mil 435-, únicamente cinco por ciento eran gobernados por una mujer.
La persistencia de una cultura política autoritaria y masculina, la falta de democratización al interior de las instituciones del Estado, así como la ausencia de una masa crítica de mujeres en puestos de toma de decisiones y autoridad, genera la limitada participación de las féminas en los espacios de poder y representación política.
Así lo señaló el investigador del Instituto de Estudios sobre la Universidad (IESU) de la Máxima Casa de Estudios mexiquense, Martín Rodríguez Peñaloza, quien refirió que la participación desigual que existe en México de las mujeres con respecto de los hombres, se ejemplifica en el ejercicio del poder político en el Congreso Federal.
Al participar en el Primer Congreso Internacional “Género, derechos humanos y cultura”, organizado por la Unidad Académica Profesional Nezahualcóyotl de la Universidad Autónoma del Estado de México, marco en el cual habló sobre la “Discriminación y prácticas de simulación en la participación de la mujer en la toma de decisiones y/o ejercicio del poder político”, refirió que las mujeres representan 24.8 por ciento del total de integrantes de la Cámara de Diputados y 20.3 por ciento en la Cámara de Senadores.
De igual manera, enfatizó la baja participación de las mujeres en las alcaldías del país, ya que en 2010, del total de los municipios a nivel nacional -dos mil 435-, únicamente cinco por ciento eran gobernados por una mujer.
Es decir, a pesar de que en ese momento la población nacional superaba los 112 millones de personas, de las cuales 51.17 por ciento eran mujeres, sólo había 131 presidentas municipales y dos mil 304 alcaldías eran encabezadas por varones.
El experto comentó que no obstante los avances registrados en el marco normativo internacional y nacional con respecto a la creación de leyes, normas y reglamentos para combatir la discriminación, la desigualdad política de género en México continúa vigente.
Abundó que en la historia del país, la participación de las mujeres al frente de alguna entidad federativa o jefatura de gobierno del D.F. apenas llega a seis: Griselda Ponce Álvarez, Colima 1979; Beatriz Paredes Rangel, Tlaxcala 1987; Dulce María Sauri Riancho, Yucatán 1991; Rosario Robles Berlanga, Distrito Federal 1999; Amalia García Medina, Zacatecas 2004 e Ivonne Araceli Ortega Pacheco, Yucatán 2007.
Rodríguez Peñaloza explicó que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) creado en 1989, aprobó en 1993 la reforma en la que conminaba a los partidos políticos a promover una mayor participación política; en 1996 hubo reformas que recomendaban a los partidos políticos considerar en sus estatutos que las candidaturas no sobrepasarán 70 por ciento para un mismo sexo.
En 2002 se aprobó la obligatoriedad para garantizar que las candidaturas no excedieran 70 por ciento del mismo sexo, surgiendo así las cuotas de género, obligatorias en la postulación de candidatos de elección popular y estableciéndose una porcentaje de 70/30; sin embargo, en 2007 se estipuló la cuota de género de 60/40.
Este año, enfatizó Martín Rodríguez Peñaloza, se acordó el establecimiento de una cuota de género de 50/50, sólo que este acuerdo se aplicará en las elecciones para conformar la LXIII Legislatura, es decir, en 2015.
Puntualizó que el “fraude” a las cuotas de género entre los institutos políticos y la simulación en el cumplimiento de la cuota de género se hizo presente en la LXI Legislatura, con las llamadas “Juanitas”, que fue el caso de 16 renuncias de mujeres electas para diputadas, que cedieron su lugar a los varones suplentes, por acuerdos y respondiendo a intereses económicos y políticos de los dirigentes de sus partidos.
